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Cubren con camisetas verdes varias estatuas de Bilbao para pedir pasos en favor del cannabis

Cubren con camisetas verdes varias estatuas de Bilbao para pedir pasos en favor del cannabis
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Cubren con camisetas verdes varias estatuas de Bilbao para pedir pasos en favor del cannabis

Las asociaciones vascas de este ámbito reclaman al Gobierno vasco que desarrolle la Ley de Adicciones para dar garantías legales a los clubes de consumidores

Algunas de las esculturas más icónicas de Bilbao han amanecido en la mañana de este jueves cubiertas por camisetas verdes que reclamaban el desarrollo de una regulación que dé cobertura legal a las asociaciones cannábicas. De esta forma, se han colocado prendas verdes en la escultura de Las Sirgueras (muelle de Uribitarte) y sobre el cuerpo del histórico líder socialista Ramón Rubial (cerca del Guggenheim), mientras que a una de las meninas, obra de Manolo Valdés, le han tapado la cara en la calle Ercilla.

La iniciativa ha sido promovida por Eusfac (la federación que aúna a estos colectivos) y que lleva siete años reclamando la implementación de un reglamento basado en la Ley de Adicciones (aprobada en 2016) y que permitiría a estos grupos funcionar «con total garantía jurídica».

Las asociaciones y clubes de cannabis, así como el consumo de esta sustancia en esos locales, son legales pero la normativa prohíbe el cultivo y sacar fuera de estos centros la sustancia. Esto ha propiciado la apertura de varios procesos judiciales contra varios responsables y activistas, que han encarado, en ocasiones, hasta penas de cárcel.

«El Gobierno incumple su palabra»

Ausfac sostiene que el desarrollo del artículo 83 de la citada Ley de Adicciones permitiría acabar con este problema y dar cobertura legal a estos colectivos. «Lo de hoy es una movilización simbólica, enmarcada en el día de San Kanuto», han dicho mediante un comunicado. «Denunciamos que el Gobierno vasco hace caso omiso a lo que la propia ley establece e inclumple su desarrollo normativo, pese a que han pasado siete años desde su aprobación en el Parlamento, sede de la soberanía popular de este país».

A su juicio, es «inconcebible e injustificable la inacción y el retraso mostrado» por las autoridades. «El Ejecutivo autonómico, especialista en hablar del incumplimiento que hacen otras administraciones, nunca se mira en el espejo y no cumple su palabra».

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