English
Los paraguayos comenzaron a cultivar marihuana a finales de los años sesenta. Lo que por entonces empezó como algunas cosechas a pequeña escala cerca de la frontera nororiental con Brasil se ha convertido en un sistema de cultivo que hoy en día abastece a Brasil, Argentina y Uruguay con cannabis prensado. Actualmente se plantan nada y nada menos que entre 6000 y 7000 hectáreas en tres cosechas anuales que sirven para satisfacer las necesidades de la práctica totalidad de América del Sur.
Lamentablemente, ya en sus inicios, los cultivos estaban en manos de un poder central corrupto que los utilizaba para obtener financiación de manera ilícita. Un flujo de dinero manejado por caudillos a nivel local que impulsaron la creación de una red mafiosa vinculada al comercio ilegal, sostenida por una demanda regional creciente y una estructura de producción cada vez más estable.
La actividad, además, no recompensa a quienes de verdad se encargan de sostenerla: los campesinos paraguayos no reciben un salario acorde a su trabajo debido a las desigualdades sociales y al poco control gubernamental del país. Los abusos y asesinatos rodean también a este entramado ilegal que se desarrolla sin que los gobernantes luchen para desfragmentar y legalizar una producción que podría contribuir enormemente a incrementar la riqueza del país.
Al desolador cuadro hay que sumarle las disputas entre las propias organizaciones criminales que luchan por el control de las fronteras, de la cúpula política y el desarrollo de semillas alteradas para multiplicar la producción. El autor de la investigación ‘La tierra escondida: examen del mayor productor de cannabis de América del Sur’, el periodista Guillermo Garat, aseguraba a BBC Mundo en una entrevista que “el panorama es muy triste”. Y destacaba “los campesinos en situación de pobreza extrema y el negocio controlado por brasileños”. Las principales organizaciones son Primer Comando Capital y Comando Vermelho, que operan en el norte de Paraguay.
El informe de Garat recalca los motivos que han provocado y mantienen la situación: “La falta de políticas agrarias, la pobreza, las fragilidades y la ausencia de perspectivas para la población rural hicieron que poco a poco, y cada vez con menos disimulo, jóvenes campesinos se vincularan con el cultivo de marihuana regentado por ‘socios’, como llaman a los intermediarios que compran la cosecha”. Estas personas comercian luego con los grandes compradores que se encargan de la distribución del producto fuera de las fronteras paraguayas.
Beneficios en manos equivocadas
Según los últimos informes de las autoridades del país, medio siglo después del arranque de los cultivos la producción de cannabis está presente en ocho departamentos del norte y centro del país, lo que supone que ocho de cada diez familias viven de la producción de la planta. Sin embargo, muy poco de su potencial revierte en el territorio, ya que alrededor del 80 % de la producción de marihuana, cultivada y prensada por los agricultores paraguayo se vende directamente a organizaciones criminales brasileñas (solo un 5 % se dedica a consumo interno).
Una pieza clave para el funcionamiento de la red de distribución es la Hidrovía, el sistema de navegación por los ríos Paraguay, Paraná y sus afluentes, que comienza en Puerto Cáceres (en la frontera con Brasil) y termina en Nueva Palmira, en Uruguay. Son 3442 kilómetros de vía fluvial navegable por los que se transporta gran cantidad y variedad de mercancías, incluyendo las de cannabis.
La actividad comercial es casi incesante, porque la cosecha supera los números habituales debido al tipo de semillas desarrolladas por los productores. Si tradicionalmente se recogen solo un par de plantaciones de marihuana al año, con estas semillas mejoradas se consiguen entre tres y cuatro cosechas anuales. Se estiman entre 2000 y 3000 kilogramos de cannabis por cada hectárea cultivada. Estas semillas resultan, además, menos perceptibles al olfato de los perros policía.
Si atendemos al reparto de las cifras totales, alrededor del 80 % de la marihuana producida acaba en Brasil, prioritariamente en São Paulo y Río de Janeiro, mientras que el resto llega a Argentina y Chile. Durante su transporte cambia sorprendentemente el precio del cargamento: mientras que un productor suele cobrar alrededor de 30 dólares por kilogramo (unos 28 euros), el valor se multiplica por diez al cruzar el río y alcanzar la frontera. En las ciudades de Corrientes y Formosa se hace acopio de la mercancía para después seguir con la cadena logística que la trasladará a los otros países, donde continuará con la comercialización. Una vez cruza la cordillera, el kilogramo de cannabis puede llegar a superar los 2800 dólares (alrededor de 2644 euros).
Pero esta explosión de la marihuana en Paraguay no puede explicarse sin los acuerdos encubiertos entre comerciantes y políticos. Algunos expertos han llegado a comparar la situación con la que se daba en México durante últimas décadas del siglo pasado. Por entonces, las autoridades públicas y las fuerzas de seguridad del estado centroamericano comenzaron a ser influidas por los narcos que dominaban el tráfico en el país.
El senador paraguayo Arnaldo Wiens admitía en una entrevista para la investigación de Garat que, por desgracia, “la democracia en Paraguay depende mucho de ciertas actividades ilícitas”. El amparo político es recompensado con dinero que se invierte, la mayoría de las veces, en campañas electorales.
Las (por otro lado escasas) políticas antidrogas de Paraguay también han resultado ineficaces. “Creció el uso, el abuso, el tráfico y la penetración de los grupos narcotraficantes en los tres poderes del estado, las empresas privadas y, también, entre porciones crecientes de la sociedad”, dice Garat en su informe.
La militarización y la represión contra los cultivadores, usuarios y traficantes tampoco han dado frutos, “más bien, se han exacerbado los ánimos y los únicos que vienen ganando son los grandes traficantes brasileños y paraguayos”, advierte Garat. Según el periodista, el único camino posible, lejos de la inmovilidad absoluta, pasa por involucrar a las comunidades campesinas con alternativas sustentables e integradoras, donde la juventud rural sea parte de la solución. Una solución alejada de las opresiones y más cerca de un consenso que convierta el cultivo y comercio de cannabis en una actividad económica beneficiosa para el país y sus habitantes.
Fuente lamota.org
Fuente: Noticias
